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Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008

Señores
COLOMBIANOS POR LA PAZ
Bogotá

“Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección.” SIMÓN BOLÍVAR

Compatriotas:
Con esta reflexión del padre de nuestras repúblicas, el Libertador Simón Bolívar, -que ayuda a comprender preocupaciones colectivas- damos continuidad al intercambio epistolar respondiendo a los temas planteados en su misiva del 27 de noviembre.

Compartimos con ustedes que la discusión sobre la guerra y la paz en Colombia no puede ignorar fenómenos que estremecen hoy la conciencia nacional. Los denominados eufemísticamente “falsos positivos” –que debieran llamarse asesinatos de civiles no combatientes ejecutados por el Estado- son, como ustedes acertadamente lo perciben, manifestación dolorosa de la guerra sucia que vive Colombia. Constituyen un espeluznante grito de victoria de la “seguridad democrática” del presidente Uribe que siempre midió el éxito de esa política –en su componente militar- en litros de sangre.

No puede considerarse como hecho aislado lo que obedece a una directiva puntual del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, repetida sistemáticamente a nivel nacional en todas las guarniciones.

Es imposible desvirtuar que los miles de civiles asesinados para ser presentados noticiosamente como guerrilleros muertos en combate, lo fueron por el estímulo de los ascensos y recompensas ofrecidas desde el gobierno a los militares. Así como es un hecho destacable, el que después del conocimiento público sobre semejante genocidio, el Ministerio de Defensa no volvió a publicar sus abultadas cifras de "muertos en combate" con las que sustentaban su fantasiosa "derrota de la insurgencia" y el "fin del conflicto". La conciencia de la nación debe impedir que este tipo de crímenes de lesa humanidad que implican al Estado, terminen en la impunidad. La destitución de algunos altos mandos militares por tales hechos debe ser complementada con una responsabilidad penal, lo que muy seguramente, llevará que las cortes y los tribunales de los pueblos sienten a la "seguridad democrática" - desarrollo de la fascista doctrina de la seguridad nacional - en el banquillo de los acusados.

Tal como lo aprecian ustedes, la escalada del conflicto -que tiene relación directa con la injerencia creciente del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia- ha estado acompañada de una mayor degradación. Algo debemos hacer para desembarazarnos de esa maldición que pareciera perseguirnos desde la destrucción de la Colombia de Bolívar y de su gran obra legislativa concebida de cara al bien común.

Desde las medianías del siglo pasado la degradación acicateada por el Estado no cesa de crecer en espiral. Los mismos métodos brutales que segaron la vida de 300 mil colombianos en la década del 50, ahora más refinados, siguen victimizando a la población, descuartizando con motosierras, enterrando en fosas comunes, desplazando a millones de campesinos para apoderarse de sus tierras, “empapelando” jurídicamente a ciudadanos, hasta alcanzar el nivel de barbarie de los “partes positivos”.

Recordamos la respuesta del comandante de las FARC Manuel Marulanda a una pregunta sobre humanización de la guerra: “la mejor manera de humanizar la guerra es acabarla”. Hoy seguimos teniendo la misma percepción, y para ello es indispensable el cambio de las injustas estructuras.

Celebramos que su alusión a los prisioneros de guerra, esté desprovista de ese “humanitarismo tuerto” diseminado por los medios, que ve a los prisioneros de un sólo lado, ignorando que se trata de dos partes contendientes. Este enfoque ayuda a la búsqueda de una solución realista del problema, para lo cual reiteramos nuestra determinación y voluntad de alcanzarla.

En este esfuerzo colectivo, es importante avanzar en la identificación y precisión de los temas objeto de nuestras reflexiones para ganar certezas en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo: en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace más de 40 años, integrantes de la fuerza pública debidamente armados, entrenados y uniformados combaten diariamente, de distinta manera y en diferentes escenarios, con la guerrilla revolucionaria, presentándose bajas de parte y parte, como ocurre en toda contienda bélica. Finalmente una de ellas obtiene la victoria y toma prisioneros de la parte contendiente. Eso ha ocurrido, ocurre e inevitablemente seguirá ocurriendo, aquí y en todo el mundo mientras persistan los conflictos. Ese tipo de capturados, son prisioneros de guerra. Esa es su categoría dentro de la confrontación. Salvo que se pretenda, como en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, negar la existencia del conflicto.

La propuesta de Manuel Marulanda Vélez al congreso de aprobar una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje, cobra plena vigencia en estas circunstancias. Evitaría un cautiverio prolongado y doloroso. En este mismo sentido y con implicaciones de muy diversos órdenes, hemos planteado en diversas oportunidades la conveniencia de un reconocimiento de las FARC-EP como fuerza beligerante. Se presenta también la retención de personas con algún tipo de representación política, que han tomado partido involucrándose abiertamente a favor de la guerra y en crímenes contra sectores populares, vinculados con el militarismo y el paramilitarismo como lo demuestra todo el proceso de la para política, o, que con sus acciones, golpean al pueblo, al tesoro o los bienes públicos. Estos, ante la ominosa impunidad del régimen y en la lógica de los de abajo, deben responder por su conducta. Y se da también el fenómeno de la retención de personas con objetivos económicos que tiene múltiples autores: policías, militares, DAS, paramilitares, delincuencia común y miembros de la insurgencia. En la responsabilidad que nos cabe y, entendiendo las dificultades que ello nos acarrea, nos hemos hecho esta reflexión: ¿cómo se financia una confrontación como la colombiana? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Estado? decreta cargas impositivas generales, Impuestos de guerra, aportes de las empresas trasnacionales, entre las que se destacan: BP, Chevron- Texaco OXI, Drummond, Chiquita Brand, Repsol, Monsanto, Cocacola, etc.; pero fundamentalmente financia la guerra con ayuda económica, militar y tecnológica del gobierno de los Estados Unidos. Colombia es el primer receptor de esta "ayuda" en el hemisferio, la cual se paga con soberanía. El prominente sociólogo estadounidense James Petras estima que Washington ha invertido en el plan Colombia más de 10 mil millones de dólares en los últimos 6 años. Es una desproporción de recursos económicos y de medios para una guerra Injusta contra un pueblo.

En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que solo en última instancia contempla el recurso de la retención.

La guerra a medida que se generaliza produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota.

Los temas de esta misiva son más que oportunos para sugerirles lo importante que sería abrir un amplio debate sobre la situación de miles de presos políticos encarcelados luego de redadas masivas utilizadas como táctica para atemorizar y disuadir el apoyo popular a las fuerzas insurgentes. Son millares los ciudadanos acusados de rebelión y terrorismo a través de montajes de la inteligencia militar y del pago de jugosas recompensas. Esta reflexión colectiva debería incluir también la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.

Finalmente, nos piden ustedes, de cara a un eventual intercambio humanitario, avanzar en algunas reflexiones acerca de cómo "diseñar escenarios en donde sea posible debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa".

Al respecto estamos proponiendo a través del manifiesto de las FARC-EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia (documentos adjuntos), un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social. Estamos seguros que a nosotros y a millones de Colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado, tenga además, sustento constitucional.

Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como "colombianos por la paz de Colombia" en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el di*****do Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.

Reciban nuestro saludo cordial.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008

 

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